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Se espera que hoy una jueza federal del Distrito Central de California emita un fallo clave en la demanda Vasquez‑Perdomo v. Noem, impulsada por la ACLU y varios grupos civiles. La acción legal busca detener las actuales redadas migratorias llevadas a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional y agencias federales en ciudades santuario como Los Ángeles
La jueza Maame Ewusi‑Mensah Frimpong escuchó los argumentos el jueves, durante una vista en la que puso en entredicho las justificaciones del gobierno federal. El Departamento de Seguridad Nacional defendió el uso de inteligencia y análisis de tendencias, negando que las detenciones se basen en raza o perfil étnico. Sin embargo, la magistrada expresó dudas, señalando que “es difícil para el tribunal creer que no se pudo encontrar un solo caso con un informe que explicara por qué alguien fue objeto de arresto”
La demanda acusa que las redadas migratorias están realizándose sin orden judicial ni causa probable, con detenciones arbitrarias principalmente en barrios con alta población latina. Además, describe condiciones deterioradas en centros de detención—”dungeon‑like”—e incluso restricciones al acceso legal de los detenidos
Órdenes de restricción:
Si la jueza concede una orden de emergencia, podría detener inmediatamente las operaciones de ICE y CBP dentro del Distrito Central. En caso contrario, las redadas podrían continuar sin limitaciones adicionales.
Implicaciones legales y sociales:
El fallo podría marcar un precedente importante para otras jurisdicciones que enfrentan redadas migratorias similares. La ACLU afirma que estas tácticas ya ocasionaron el arresto de más de 1,500 personas en Sur de California desde principios de julio
Protestas y despliegue militar:
Desde principios de junio, se han desarrollado protestas masivas en respuesta a las redadas. El gobernador Newsom federalizó a la Guardia Nacional y movilizó marines y agentes para apoyar a ICE. El Tribunal de Apelaciones de la Corte Novena levantó una orden que prohibía dicha intervención militar .
El 8 de julio, la ciudad de Los Ángeles, junto con diversos municipios del condado, se unieron oficialmente a la demanda, denunciando que las operaciones han sembrado “miedo y caos” en las comunidades inmigrantes
Se espera que la jueza Frimpong anuncie si emitirá una orden de restricción parcial o total. Esta decisión afectará directamente la capacidad del DHS para continuar con sus redadas en Los Ángeles y áreas circundantes.
Si la demanda avanza, podría desbloquear una revisión judicial más amplia de las estrategias migratorias federales en ciudades santuario. En caso de fallo adverso, es probable que la ACLU presente apelación.
Written by: Lali Vera
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