Estados Unidos exigirá depósito de hasta $15,000 a algunos solicitantes de visa

Washington, 5 de agosto de 2025 – En un nuevo intento por frenar la permanencia ilegal de extranjeros en territorio estadounidense, el Departamento de Estado de EE. UU. pondrá en marcha un programa piloto que exigirá a ciertos solicitantes de visa de turismo y negocios un depósito de seguridad de hasta $15,000 dólares como condición para ingresar al país.

La medida entrará en vigor el 20 de agosto de 2025 y se extenderá por un período inicial de 12 meses, afectando principalmente a viajeros provenientes de países con altas tasas de sobreestadía o con sistemas deficientes de control migratorio.

¿En qué consiste este depósito?

El programa establece que, al momento de solicitar la visa B-1 (negocios) o B-2 (turismo), ciertos ciudadanos deberán entregar una fianza reembolsable de entre $5,000 y $15,000 dólares, determinada por el consulado según el perfil del solicitante y el historial de su país de origen.

Este dinero será devuelto si la persona cumple con los términos de su visa y abandona Estados Unidos dentro del plazo autorizado. En caso contrario, la fianza será retenida por el gobierno.

¿A quiénes afecta?

El Departamento de Estado no ha revelado aún la lista oficial de países incluidos, pero se estima que estarán en ella aquellos con registros elevados de incumplimiento migratorio o con programas de ciudadanía que no requieren residencia efectiva. Por el contrario, los países del Programa de Exención de Visas (VWP), como España, Japón, Alemania, Chile y Australia, estarán exentos de esta medida.

Se calcula que al menos 2,000 personas podrían verse afectadas durante la fase piloto.

¿Por qué se implementa esta medida?

Esta política forma parte de un paquete más amplio impulsado por la administración Trump para reforzar los controles migratorios. En el año fiscal 2023, más de 500,000 visitantes se quedaron en Estados Unidos más allá del periodo permitido, lo que encendió las alarmas en Washington.

Además del depósito, recientemente se ha implementado una “tarifa de integridad” de $250 dólares para todos los solicitantes de visa, así como nuevos requisitos de entrevistas presenciales.

Reacciones mixtas

Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta para asegurar el cumplimiento de las normas, expertos en inmigración y representantes del sector turístico advierten que podría tener un efecto disuasivo para muchos viajeros legítimos, especialmente familias y estudiantes.

Organizaciones de derechos humanos también han cuestionado la medida, señalando que impone barreras económicas desproporcionadas a ciudadanos de países en vías de desarrollo.

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